El hidrógeno verde de Río Negro puede terminar como el litio: nuestro, pero no para nosotros

Por Agustina Sánchez Castro

Hace meses que escribo sobre el mismo patrón. Primero fue el cobre, después el litio y ahora el hidrógeno. Ya no me parecen tres casos aislados, sino una sola historia que Argentina repite cambiando el nombre del recurso: hay geología, hay un anuncio grande y hay una foto de la firma. Lo que todavía no tenemos es la certeza de cuánto de ese negocio se quede en nuestro país.

El esquema lo conocemos por el litio y el cobre. Argentina pone el subsuelo, las provincias ceden tierra y cobran regalías bajas, una empresa extranjera invierte el capital y la tecnología, y cuánto y cómo se produce se decide en una oficina de otro país.

Con el hidrógeno verde, estamos a tiempo, todavía se puede hacer algo distinto, porque la industria recién está empezando y buena parte de su estructura todavía no existe. El problema es que, con los antecedentes que tenemos y mirando cómo viene la historia, no parece que estemos aprovechando la oportunidad que abre el cambio de matriz energética. Por eso, el caso de Río Negro sirve bien para verlo.

En 2021, durante la cumbre climática de Glasgow, se anunció el Proyecto Pampas de la empresa transnacional australiana Fortescue con 8.400 millones de dólares de inversión, 625.000 hectáreas cedidas para parques eólicos, una planta electrolizadora en Sierra Grande, un puerto de aguas profundas para exportar y una promesa de 15.000 empleos directos y hasta 50.000 empleos indirectos. La entonces gobernadora Arabela Carreras, lo presentó como la gran apuesta energética de Río Negro. Dos años después, el proyecto seguía en estudios de prefactibilidad. Lo que vino después fue más revelador todavía: en agosto de 2024 trascendió que la empresa minera australiana, Fortescue, había descartado el proyecto y devuelto las tierras. La empresa lo desmintió, aunque admitió que sus otros desarrollos en Brasil tenían más prioridad. Desde el gobierno provincial siguieron diciendo que el proyecto estaba vigente, a la espera de condiciones macroeconómicas estables y la reglamentación del RIGI.

En el 2026, el plan original tuvo un plan B mucho más modesto: un parque eólico en Cerro Policía, sin fecha firme de construcción, por la resistencia de comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas, que cuestionan el impacto el Área Natural Protegida Valle Cretácico. Además, una parte de las tierras que se le habían cedido a la empresa minera Fortescue en Punta Colorada terminó redirigida por YPF hacia la planta de GNL de Vaca Muerta Sur. Para mí, este es el dato más importante de todo este asunto: el propio gobierno nacional dejó trascender que el hidrógeno quedaba para la próxima década, porque hoy la prioridad es el gas y el petróleo. Se entiende bien lo que esto significa. El presidente Javier Milei apostó sus recursos políticos y regulatorios a Vaca Muerta, y el hidrógeno verde quedó como una promesa de mediano plazo, a la espera de que una empresa australiana vuelva a tener interés en invertir en el país.

El gobernador Alberto Weretilneck heredó el proyecto de la gestión de Arabela Carreras y ratificó su continuidad apenas asumió, pero lo puso bajo la órbita de la Secretaría de Energía y Ambiente, a cargo de Andrea Confini, dejando ver que el vínculo con la empresa Fortescue, no se había cuidado en la transición de gobierno. Mientras tanto, Chubut, la provincia vecina, muestra más interés por impulsar y dar un marco legal al hidrógeno verde, con el argumento de que la provincia concentra más del 60 % de la potencia eólica instalada del país. Así, el hidrógeno verde vuelve aparecer como vector energético por su rol en los procesos de descarbonización.

Sobre el caso de Río Negro, ninguno de estos actores está mintiendo. Pero entre todos arman un relato muy distinto al que se presentó en 2021. El proyecto ya no parece avanzar y da la impresión de que nadie quiere asumir el costo de decir que se cayó. Si el Estado tiene que poner en juego sus recursos regulatorios para que una empresa australiana vuelva a ver atractiva a la Argentina, me pregunto si eso es una estrategia energética o es el intento de mantener con vida un proyecto que perdió tiempo e impulso en plena transición energética, mientras se espera a ver qué pasa. Y seguimos sin la herramienta más básica: una ley. El proyecto de Promoción del Hidrógeno de Bajas Emisiones, que el Poder Ejecutivo envió en 2023 quedó cajoneado en el Congreso. Desde mediados de este año aparecieron otras iniciativas impulsadas desde Chubut. La diputada Ana Clara Romero presentó en 2025 una propuesta que obtuvo dictamen. En mayo de este año, la senadora Edith Terenzi quedó a cargo de una mesa de legisladores patagónicos para unificar proyectos en uno solo. Pero ninguno se convirtió en ley. La propuesta original, además, tampoco resolvía sus propias contradicciones: exigía un 35 % de contenido nacional en los primeros cinco años, algo que varios especialistas del sector ya advirtieron que podría terminar siendo una barrera de entrada más que un incentivo, porque en Argentina todavía no existe una industria de electrolizadores capaz de cumplir con ese piso. Además, el propio proyecto de ley reparte competencias regulatorias entre la Secretaría de Energía, la de Industria, una Agencia Nacional de Hidrógeno que habría que crear y un Consejo Federal del Hidrógeno.

Conociendo cómo funciona la burocracia argentina, eso no promete mucha rapidez para aprobar proyectos. Chile, Brasil y hasta Uruguay, ya tienen marcos regulatorios más avanzados mientras nosotros seguimos discutiendo, sin ley, cuanto contenido nacional le vamos a exigir a un electrolizador que todavía nadie instaló.

Tampoco ayuda que buena parte del entusiasmo original por el hidrógeno verde, acá y en el resto del mundo, haya nacido de una coyuntura que ya cambió. La escalada de precios del gas que siguió a la invasión rusa a Ucrania empujó a Europa a buscar alternativas energéticas, y ahí el hidrógeno verde patagónico apareció como una promesa atractiva. Se llegó a proyectar que el continente iba a necesitar 10 millones de toneladas para 2030. Pero la crisis energética europea se fue acomodando por otras vías: más gas licuado de Estados Unidos y Medio Oriente, más renovables propias. Y las tasas de interés más altas volvieron mucho menos atractivo financiar proyectos tan intensivos en capital como una planta de electrólisis a escala industrial.

Lo que plantea el consultor energético Juan Carlos Villalonga, en un análisis que recogió Dinamicarg a mediados de septiembre: el hidrógeno verde no fracasó, sino que está pasando de la etapa del gran anuncio a una maduración menos eufórica. Ya no se lo piensa como el reemplazo de toda la matriz fósil de una vez, sino como una herramienta para sectores puntuales de descarbonización, como el acero, los fertilizantes o el transporte pesado marítimo y aéreo, donde ni la electrificación directa ni las baterías directas alcanzan.

La ventana para consolidar un mercado exportador ya no se proyecta para el 2030, como se pensaba hace unos años, sino para el 3035 o 2040. Y para llegar a esa ventana no alcanza con el viento: según ese mismo análisis, hace falta antes estructura dedicada, como capacidad de trasporte eléctrico, acceso a agua para electrólisis y puertos adecuados, además de certificaciones de origen bajo en carbono que los mercados de destino van a pedir.

A mí esto me deja una mirada ambivalente. Por un lado, confirma que el sector no es una burbuja que va a desaparecer. Por otro, la meta queda más lejos justo cuando Argentina ni siquiera terminó de discutir la ley que dé un marco regulatorio previsible, algo que el propio Juan Carlos Villalonga considera como una condición básica para no quedar afuera cuando ese mercado finalmente se ordene. Repsol, BP y Shell siguen anunciando megaproyectos de hidrógeno en distintas partes del mundo, y la hoja de ruta del hidrógeno verde sigue apareciendo en las agendas de gobiernos que van de China a Australia. Per