Haití, el laboratorio de la guerra sin responsables

Por Ignacio Montes de Oca

Cuatro técnicos salvadoreños secuestrados por una pandilla muestran algo más grande que una emboscada: un modelo en el que Estados Unidos paga, la ONU legitima, una empresa privada dispara, el país destruido cubre la factura y los soldados los ponen los países pobres.

El domingo 18 de octubre, cuatro militares salvadoreños volvían a su base en un blindado después de comprar comida en un mercado de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe. Eran aerotécnicos. Su trabajo en Haití era evacuar heridos, no pelear. Formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión que el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en septiembre de 2025 para reemplazar a la fallida misión liderada por Kenia. El vehículo fue atacado con cientos de ráfagas y explosivos hasta incendiarse. Los cuatro salieron vivos y fueron capturados por las pandillas.

Bukele habló cuatro días después. Dijo que los secuestrados "no son combatientes" y lanzó una advertencia que recorrió la región: "Ya acabamos con las pandillas en El Salvador, y también podemos acabar con ustedes". El jueves envió 100 soldados de fuerzas especiales y anunció otros 100 para esa misma noche. El principal sospechoso es la facción de Wilson Joseph, alias Lanmò Sanjou, uno de los hombres más buscados por el FBI. El presidente salvadoreño dio su mensaje en un video, rodeado de soldados y prometió pelear.

Detrás de la épica, hay un dato menos vistoso. El Wall Street Journal reveló que el gobierno salvadoreño busca negociar la liberación antes de recurrir a una respuesta militar más severa, y que nadie ha pedido rescate.

La GSF tiene entre 1.100 y 1.500 efectivos sobre el terreno, aunque la ONU la autorizó hasta 5.500. Es parte de un entramado aún más grande. Jamaica aporta la infantería pesada y el mando táctico; Chad, uno de los contingentes africanos más numerosos, custodia infraestructuras críticas y patrulla las zonas rojas con blindados; Guatemala se encarga de recuperar y sostener las calles secundarias una vez que las bandas retroceden, además de custodiar convoyes humanitarios; y Mongolia ostenta el liderazgo militar de toda la misión, con un rol de planificación de inteligencia y coordinación multinacional. La ONU extendió su mandato hasta el 31 de marzo de 2027, lo que añade una presión política: la misión tiene plazo, y el plazo se acerca.

¿Contra quién pelea esa fuerza? Ese enemigo se llama Viv Ansanm, “Vivir Juntos” en criollo. Nació en septiembre de 2023, cuando dos federaciones de pandillas que se mataban entre sí, el G9 y el G-Pèp, dejaron de pelear para atacar juntas al Estado. Un medio haitiano, Le Relief, la describe como una alianza de unos 27 grupos armados. El centro antiterrorista de Estados Unidos (NCTC) calcula que controla más del 90 % de Puerto Príncipe, que sus miembros son probablemente miles y que se nutre del reclutamiento forzado, incluso de menores. La encabeza como vocero Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, un expolicía de élite sancionado por la ONU desde 2022. Washington la declaró organización terrorista en mayo de 2025, ofreció 5 millones de dólares por su captura y lo acusó formalmente en agosto de ese año.

Su poder no es solo de fuego. Según InSight Crime, apenas formada, la alianza coordinó ataques contra edificios del gobierno y cerró los aeropuertos y puertos, lo que dejó al entonces primer ministro Ariel Henry, varado en el extranjero y terminó forzando su renuncia. Dentro de la coalición están los 400 Mawozo, que en 2021 secuestraron a 17 misioneros y los retuvieron 62 días, y la facción Lanmò Sanjou, con un complejo fortificado de más de 6.500 metros cuadrados, según una investigación de Redactario. Las bandas se arman con fusiles comprados en Florida, y dispersan a sus hombres en barrios densos. WLRN calculó que fueron responsables de unos 5.600 homicidios en 2024. Quien llega a esa ciudad enfrenta una guerra, no un problema de orden público.

Aquí empieza lo que importa. Los soldados oficiales de Bukele no están solos. Comparten barrios con otros salvadoreños que cobran de una empresa privada. Según Infobae, Erik Prince, fundador de la firma de mercenarios Blackwater, contrató a unos 200 exmilitares salvadoreños mediante su empresa Vectus Global, para entrenar a la policía haitiana en guerra de drones. Otros reportes hablan de un equipo de unos 200 contratistas de varios países, entre ellos estadounidenses, europeos y salvadoreños, así que la cifra exacta no está clara. La Jornada y la BBC informan que, tras el secuestro, la fuerza de la ONU y la “Task Force” de Prince combatieron juntas por primera vez. La Task Force es una unidad especial creada por el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, que opera con apoyo de Vectus. Un país manda a sus soldados a una misión de la ONU, y sus excompañeros operan al lado como mercenarios. El Estado salvadoreño no controla a los segundos, aunque comparten idioma, uniforme y enemigo.

Prince llegó en marzo de 2025. Según Reuters, dijo tener un contrato por diez años con el gobierno local y que, cuando el país se estabilice, ayudaría a diseñar el cobro de impuestos a las mercancías que cruzan la frontera con República Dominicana. El diario dominicano El Caribe, informó que el acuerdo inicial era por un año y 50 millones de dólares. Los términos reales siguen siendo opacos. Quien controla las aduanas controla la caja de un Estado quebrado, y por eso ese punto del contrato preocupa tanto a los críticos.

Su método es el dron. Son aparatos comerciales modificados con explosivos, que sobrevuelan barrios de casas de chapa y se mueven entre edificios y vehículos mientras un operador sigue a su objetivo por video en vivo. La CNN contabiliza más de 2.000 ataques contra búnkeres de pandillas. La organización Human Rights Watch (HRW) documentó 141 ataques entre marzo de 2025 y enero de 2026, con al menos 1.243 muertos y 738 heridos. Entre los muertos hubo 43 civiles adultos y 17 niños. Los vecinos dijeron a HRW que los drones son "una fuente constante de terror" y que temen salir de sus casas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo en octubre que los ataques eran desproporcionados y probablemente ilegales. Vectus, la policía haitiana y el Departamento de Estado no respondieron a los pedidos de comentarios de Reuters.

La Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH), que mide la violencia con informes trimestrales, completa el cuadro. En el primer trimestre de 2026 murieron 1.642 personas y otras 745 resultaron heridas. Más del 69% cayeron en operaciones de fuerzas de seguridad contra las pandillas, a veces con apoyo de una empresa militar privada, y en ejecuciones sumarias con participación policial.

De esos muertos, 196 no tenían vínculo con las bandas. En informes anteriores la proporción rondaba el 61 y el 62 %. En el reporte más reciente, de julio a octubre, ONU Noticias la baja al 52 %, pero aun así cuenta al menos 148 civiles, sin vínculo con las pandillas, muertos o heridos por fuego de las fuerzas de seguridad. La imagen no es lineal, aunque sí consistente: una parte enorme de las víctimas ya no cae por la mano de las bandas.

Hay que ser justo con el otro lado. Las bandas matan, y mucho. En 2025 hubo más de 8.100 muertos entre enero y noviembre, según datos de la ONU. Cuando se sienten acorraladas, castigan a las comunidades. En Kenscoff, una zona de montaña al sur de la capital, incendiaron aldeas acusadas de cooperar con las tropas extranjeras y mataron al menos 47 civiles. Y el boletín International Intrigue informó que un dron de Vectus mató por error a policías haitianos. Lo que muestran las cifras no es que la violencia nació con los contratistas, sino que su llegada coincidió con un fuerte peso de las operaciones estatales en la mortalidad, sin que nadie responda por esos muertos.

Esa falta de responsables es el corazón del asunto. Vectus recibió una licencia del Departamento de Estado para exportar sus servicios a