Venezuela: nueve meses de un parto inconcluso

Venezuela: nueve meses de un parto inconcluso

Ignacio Montes de Oca

hace 3 horas

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Por Ignacio Montes de Oca

Javier Oropeza había vuelto a Venezuela tras dos años y medio de exilio en España, cuando efectivos del SEBIN lo secuestraron a plena luz del día en Barquisimeto. El exalcalde del municipio Torres, en Lara se había acogido a la Ley de Amnistía y con sobreseimiento de las causas abiertas contra él después de los comicios de 2024. También buscaba recuperar bienes incautados —dos fincas y las sedes de El Caroreño y El Diario de Lara— y revertir una inhabilitación de 15 años.

María Corina Machado denunció el arresto como un “secuestro” y responsabilizó al gobierno de Delcy Rodríguez. La escena condensa la pregunta que atraviesa al país desde el 3 de enero de 2026, cuando Nicolás Maduro fue capturado en una operación estadounidense que alteró el equilibrio político: si el viejo sistema cayó, ¿por qué un opositor que vuelve del exilio sigue siendo detenido por los mismos aparatos de inteligencia?

La respuesta no está solo en Caracas. También se mide en Doral, el epicentro de la comunidad venezolana en los Estados Unidos, en centros de detención de Florida, en vuelos de deportación reanudados hacia Maiquetía y en expedientes de cientos de miles de venezolanos a quienes Washington les dice que el país cambió lo suficiente para regresar.

Axios y otros reportes estadounidenses estimaron en alrededor de 600.000 los venezolanos expuestos a deportación tras el fin del TPS: unos 268.000 por la designación de 2021 y unos 348.000 por la de 2023. Caracas Chronicles describió operativos de ICE en Doral y advirtió sobre una eventual revocación masiva de hasta 200.000 visas B1/B2 concedidas entre 2016 y 2026 a personas que pidieron o buscan asilo.

De acuerdo con reportes de la organización Human Rights First actualizados a mediados de septiembre de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 35.704 ciudadanos venezolanos y deportó a más de 13.600 de ellos desde el 3 de enero de 2026 en un ritmo constante que promedia tres vuelos semanales de repatriación.

La inmensa mayoría de los detenidos se encontraban indocumentados debido al fin de las extensiones del Estatus de Protección Temporal (TPS), aunque precisan que 21,422 de los capturados (el 60%) carecía por completo de antecedentes penales o cargos judiciales pendientes en el país.

Paralelamente, registros analizados por el diario El País confirman que este flujo migratorio forzado sufrió un freno temporal tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela a finales de junio —donde trágicamente fallecieron más de 130 repatriados recién llegados—, reactivándose los operativos en agosto con traslados masivos directos e incluso la implementación de esquemas alternativos de deportación a terceros países.

El Deportation Data Project, citado por Dorothy Kronick, registró 3.783 deportaciones interiores de venezolanos entre el 16 de enero y el 10 de marzo, un ritmo diario 38% superior al del segundo semestre de 2025, mientras Delcy Rodríguez aceptaba tres vuelos de deportación por semana, contra dos admitidos por Maduro.

Estados Unidos sostiene que Venezuela dejó de ser el país que justificaba esas protecciones; quienes son perseguidos por ICE responden que el país al que se los devuelve aún no garantiza seguridad, salario ni libertad. En el centro de esa polémica están las preguntas que debería ordenar el balance: ¿está mejor Venezuela hoy que antes de la salida de Maduro? ¿El regreso puede representar un riesgo vital?

La respuesta depende de qué se mida. Venezuela crece, pero los venezolanos no necesariamente viven mejor. A comienzos de enero el Banco Central sostenía la estabilidad cambiaria con intervención sobre el mercado y uso de reservas, mientras limitaba la publicación de datos. Ahora volvió a exhibir cifras y reportó una expansión del PIB de 7,14% en el segundo trimestre, empujada por un crecimiento petrolero de 9,10%. La Cepal proyecta que el país podría cerrar 2026 con un avance de 6,5%, entre las mayores tasas de la región.

Pero crecimiento no equivale a prosperidad. Hay más actividad petrolera pero menos dólares líquidos dentro del país. Parte de la renta del crudo queda retenida en cuentas, fideicomisos o mecanismos de pago de deudas y compromisos con empresas extranjeras, mientras la administración interina recibe una porción limitada de divisas efectivas para alimentar el mercado cambiario. Esa diferencia explica por qué mejoran las estadísticas macroeconómicas mientras la vida cotidiana sigue deteriorándose.

Las reservas internacionales refuerzan esa lectura: subieron entre enero y junio, de 13.403 millones de dólares el 9 de enero a cerca de 14.000 millones a fines de junio, pero luego revirtieron. Finanzas Digital informó que cerraron la semana del 4 de septiembre en 12.804 millones, una caída de 4,18%, y que el 11 de septiembre estaban en 13.101 millones, 1,54% por debajo del cierre de 2025. En nueve meses el indicador quedó prácticamente estancado: otro dato compatible con crecimiento estadístico sin liquidez real.

El bolívar acumula una devaluación cercana al 45% y la brecha con el dólar paralelo volvió a ampliarse. Datosmacro ubica la inflación interanual por encima de 534%, mientras Cendas-FVM calculó que la canasta alimentaria familiar llegó en julio a 727,89 dólares, equivalentes a 516.804,22 bolívares, con un aumento mensual de 15,18%. Según el reporte citado por Infobae, se necesitan casi 3.800 salarios mínimos para cubrir solo la alimentación de una familia de cinco personas. El salario mínimo, congelado en 130 bolívares desde 2022, equivale hoy a unos 18 centavos de dólar y apenas al 0,03% de la canasta. Venezuela produce más, pero el trabajador formal compra menos.

El gobierno interino intentó responder con el ingreso mínimo integral, fijado en 240 dólares para empleados activos y 70 dólares para pensionados. Bloomberg Línea y organizaciones sindicales advierten que son bonos sin incidencia sobre prestaciones, vacaciones ni aguinaldos. Un salario integra derechos laborales y previsionales; un bono puede modificarse por decisión administrativa.

A ese límite salarial se suma el frente financiero. El 16 de abril de 2026 el FMI reanudó relaciones con Venezuela, después de la suspensión de 2019 por el problema de reconocimiento del gobierno. El paso reabre la vía de supervisión, asistencia técnica y eventual financiamiento, pero no implica por sí mismo un programa, desembolsos inmediatos, ni auditoría independiente de las cifras del BCV.

Mientras tanto, el encarecimiento de los importados presiona la mesa de los hogares porque el país depende del exterior para una parte sustancial de su abastecimiento: entre 70% y 75% de los alimentos básicos y materias primas alimentarias provienen de importaciones, y en medicamentos la dependencia puede alcanzar el 85%. La Asociación de Agencias de Carga y Aduanas de Venezuela anticipó un crecimiento inferior al 2% de las importaciones para el cierre del año, afectado por demoras portuarias, costos logísticos y falta de financiamiento en divisas.

La dimensión social confirma la contradicción. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó 3.495 protestas durante el primer semestre de 2026, frente a 1.249 en igual período de 2025: un aumento de 179,8%, que otras fuentes redondean al 181%. La mitad estuvo vinculada con derechos civiles y políticos y la otra mitad con demandas económicas, sociales, culturales y ambientales. El aumento no prueba por sí solo que la situación sea peor —también puede reflejar más espacio para reclamar—, pero sí muestra que el cambio político no eliminó los conflictos cotidianos.

El 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon el norte y el centro del país. El parte oficial de las primeras semanas se movió en un rango mucho más bajo que el de las org