Las seis corbetas que Navantia construirá para la Armada incorporarán drones, el sistema de combate Scomba y capacidades antiaéreas y antisubmarinas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes 30 de octubre el Real Decreto 922/2026, que regula la concesión directa a Navantia de 1.786 millones de euros en anticipos reembolsables para el desarrollo industrial del programa European Patrol Corvette (EPC).

La iniciativa contempla la construcción y adquisición de seis corbetas de la variante española para la Armada, en el marco de un programa de gestión delegada en la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (Occar).

La financiación se concederá mediante préstamos a tipo de interés fijo del 0%, no revisable, y tendrá carácter plurianual. El real decreto establece que los fondos se distribuirán entre 2026 y 2031, con una primera asignación de 156 millones de euros este año. La partida irá aumentando hasta alcanzar los 382 millones en 2028, antes de reducirse progresivamente en los ejercicios siguientes.

El importe destinado a la EPC representa la mayor parte de los 2.196 millones de euros en anticipos que el Ministerio de Industria y Turismo concederá a Navantia para tres programas navales. Los otros dos corresponden a la modernización y desarrollo evolutivo de los cazaminas de la clase Segura, con 210 millones, y a la modernización de distintas unidades de la flota, con otros 200 millones.

La nueva disposición no supone por sí misma la adjudicación de un contrato de construcción ni detalla el coste total de las seis corbetas. Su objeto es establecer el marco para prefinanciar parcialmente las actividades industriales del programa y regular las condiciones en las que Navantia recibirá y devolverá los anticipos. En el caso de la EPC, al tratarse de un programa de gestión delegada, la compañía deberá transferir los fondos a la OCCAR cuando se produzcan las correspondientes llamadas de aportación.

Una financiación de 1.786 millones hasta 2031

El anexo I del real decreto recoge la distribución de los préstamos para cada ejercicio. En el caso de la corbeta europea, los 1.786 millones de euros se repartirán de la siguiente manera: 156 millones en 2026, 307 millones en 2027, 382 millones en 2028, 333 millones en 2029, 307 millones en 2030 y 301 millones en 2031. El periodo de ejecución de las actuaciones financiables comenzará en 2026 y se prolongará hasta la certificación del último hito del programa.

Los desembolsos estarán vinculados al cumplimiento de hitos que deberán ser certificados por el Ministerio de Defensa. El real decreto contempla la posibilidad de realizar pagos anticipados, previa solicitud de Navantia y autorización de los órganos competentes, aunque en ese supuesto los fondos deberán permanecer depositados en una cuenta bancaria específica hasta que se acrediten los hitos que permitan disponer de ellos.

La norma establece además que la devolución de los préstamos al Tesoro Público se realizará de acuerdo con el calendario que recoja la correspondiente orden de concesión. En cualquier caso, no se exigirá el reembolso de ninguna cantidad hasta que el Ministerio de Defensa haya efectuado el pago correspondiente para cancelar los anticipos de ejecución de los negocios jurídicos suscritos. La empresa podrá, asimismo, amortizar total o parcialmente los préstamos en cualquier momento y sin penalización.

El real decreto justifica la concesión directa por el carácter singular del programa y por la consideración de Navantia como la única empresa española capaz de ejecutarlo como contratista de la Occar o, en su caso, del responsable industrial designado por este organismo. La norma también señala que las inversiones necesarias hacen imprescindible el apoyo financiero de la Administración General del Estado.

Seis corbetas con sistemas nacionales

El anexo II del real decreto ofrece nuevos detalles sobre el alcance de la variante española. El programa incluye la construcción y adquisición de seis unidades de acuerdo con el documento de Requisitos de Estado Mayor de la Armada. Se trata de una plataforma naval de nueva generación que deberá combinar un elevado grado de comunalidad con las futuras corbetas europeas y la integración de los sistemas y capacidades específicos que requiera la Marina española.

El documento señala que España e Italia han formalizado un acuerdo para poner en marcha, a través de la Occar, un programa conjunto de construcción y adquisición de corbetas. La participación española se materializará en las seis unidades comprometidas para la Armada, con una configuración adaptada a sus necesidades operativas.

Entre los principales desarrollos tecnológicos figura la integración de los sistemas nacionales de mando y control embarcados. El BOE identifica expresamente el Sistema de Combate Scomba, el Sistema Integrado de Control de Plataforma (SICP) y el Sistema Integrado de Control de Comunicaciones (SICC), además de tecnologías de digitalización naval vinculadas al concepto de gemelo digital.

La variante española también incorporará capacidades avanzadas en los tres principales ámbitos de la guerra naval: antisubmarina (ASW), antisuperficie (ASuW) y antiaérea (AAW). El programa contempla asimismo la integración de medios aéreos embarcados y vehículos no tripulados, aunque el documento no concreta los modelos ni las configuraciones que se instalarán en los buques.

Otro de los desarrollos destacados es la posible integración de un radar aéreo AESA 4D que actualmente se encuentra en desarrollo en el marco de actividades nacionales de investigación y desarrollo. El real decreto no identifica el fabricante ni fija una decisión definitiva sobre su incorporación, pero señala que esta tecnología permitiría reforzar las capacidades industriales españolas en un ámbito considerado estratégico para la soberanía tecnológica y la autonomía de las Fuerzas Armadas.

La lista de tecnologías previstas incluye también nuevos sensores, sistemas de guerra electrónica y autoprotección, capacidades de ciberresiliencia y herramientas de mantenimiento predictivo y gestión digital del ciclo de vida de los buques. El programa contempla, además, continuar los estudios de desarrollo e integración de bloques tecnológicos para futuras plataformas navales, entre ellos sistemas no tripulados, soluciones para la gestión de espacios multimisión, sistemas de gestión de firma y tecnologías de ahorro energético.

La Armada espera que estas capacidades proporcionen una plataforma con elevada supervivencia y capacidad de adaptación operativa. Entre las misiones que recoge el documento figuran la vigilancia marítima, la protección de infraestructuras críticas, el control de los espacios marítimos, la escolta y la guerra antisubmarina en escenarios de alta intensidad. La disposición también destaca la mejora de la disponibilidad operativa mediante soluciones de sostenimiento y mantenimiento predictivo, con el objetivo de reducir la dependencia exterior.

De los estudios europeos a la construcción de prototipos

La financiación española se incorpora a un programa que comenzó en el marco de la Cooperación Estructurada Permanente (Pesco) de la Unión Europea y que cuenta con el respaldo del Fondo Europeo de Defensa (EDF). La iniciativa, conocida inicialmente como European Patrol Corvette, evolucionó hacia el programa Modular and Multirole Patrol Corvette (MMPC), cuya gestión fue encomendada a la Occar.

La primera fase contractual del MMPC se puso en marcha en octubre de 2023, con un presupuesto de 87 millones de euros. De esa cantidad, 60 millones procedían de la financiación comunitaria del EDF y los 27 millones restantes fueron aportados por los países participantes. El contrato, con una duración inicial de 24 meses, tenía c