Trump juega una carta demencial al favorecer a Putin

Trump juega una carta demencial al favorecer a Putin

Pucará Defensa

hace 1 hora

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Por Ignacio Montes de Oca

Donald Trump está dispuesto a pagar un costo político muy alto para favorecer a Rusia, incluso cuando esa decisión amenaza con perjudicar a su propio partido en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El contrasentido es cada vez más difícil de ocultar: el presidente que prometió poner a Estados Unidos primero alivia la presión económica sobre Vladímir Putin, deteriora la relación con Ucrania y se enfrenta a legisladores republicanos que consideran sus decisiones un regalo para Moscú. No se trata de una diferencia menor sobre política exterior. Es una elección que pone en cuestión la credibilidad de Trump, la coherencia de su partido y la razón por la que la Casa Blanca parece dispuesta a concederle tanto a un adversario estratégico.

El episodio más reciente ocurrió el 16 de octubre, cuando Trump firmó una orden ejecutiva que suspendió la aplicación de sanciones y aranceles contra Rusia contemplados en la ley Graham, aprobada por el Congreso en septiembre. Invocó el interés nacional para justificar la suspensión, una decisión que dejó sin efecto medidas que debían comenzar a aplicarse la semana siguiente. El presidente no estaba obligado a hacer esa concesión, pero eligió hacerlo precisamente cuando Rusia rechaza la sugerencia de negociar y recrudece su ataque contra Ucrania.

La decisión se sumó a un acuerdo para facilitar la circulación de diésel ruso con el argumento de aliviar la presión sobre los precios de la energía. El razonamiento parece sencillo: más combustible disponible debería traducirse en precios más bajos.

El problema es que el beneficio prometido es mucho menos convincente de lo que sugiere Trump. El 12 de octubre, el analista de mercados de Reuters, Mike Dolan, calculó que el volumen involucrado equivalía aproximadamente a doce horas del suministro mundial de diésel y consideró improbable que produjera una reducción significativa de los precios en las estaciones de servicio estadounidenses durante las semanas siguientes. Estados Unidos, además, es exportador neto de ese combustible y podría aliviar el mercado interno con su propia producción sin recurrir a combustible de Putin.

La evidencia indica que puede beneficiar a las empresas rusas y aliviar restricciones comerciales, pero no que vaya a resolver el problema que la Casa Blanca invoca para justificarla.

La reacción política fue inmediata. El 13 de octubre, 12 senadores estadounidenses, 6 de ellos republicanos, pidieron a Trump que rescindiera el acuerdo sobre el diésel. Considerando ese número y sumados a la bancada demócrata de 43 integrantes, bastarían para reunir una mayoría simple en un cuerpo de 53 bancas para complicar a Trump en el futuro. Una derrota el 3 de noviembre que aumente la cifra opositora, podría complicar aún más a la Casa Blanca.

El Senado tiene herramientas concretas de presión en política exterior: ratifica los tratados, controla fondos y supervisa la aplicación de sanciones. No pueden obligar al presidente, pero sí encarecer políticamente una postura favorable a Rusia.

En una carta difundida por Reuters, los senadores ya advirtieron que el entendimiento proporcionaría a Putin ingresos para financiar la guerra y no produciría beneficios relevantes para los consumidores estadounidenses. El 17 de octubre, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski calificó de equivocada la suspensión de las sanciones y sostuvo que beneficiaba exclusivamente a Rusia.

Desde Moscú llegó una valoración muy diferente: Kirill Dmitriev, enviado ruso para asuntos económicos, calificó la decisión de momento histórico y afirmó que las penalizaciones habrían podido paralizar la cooperación económica entre ambos países. No hace falta demostrar una coordinación secreta entre Trump y el Kremlin para advertir quién celebra la decisión presidencial y quién soporta sus consecuencias.

Lo más llamativo es que Trump avanza en esa dirección cuando la opinión pública estadounidense sigue siendo profundamente desfavorable a Rusia. Una encuesta del Pew Research Center publicada el 23 de abril de 2026, realizada entre 3.507 adultos del país a fines de marzo, registró que el 83% tenía una opinión desfavorable de Rusia y que el 51% la consideraba enemiga de Estados Unidos. Apenas el 7% la veía como un país socio.

La hostilidad hacia Moscú no es patrimonio exclusivo de los demócratas: la imagen negativa de Rusia atraviesa a ambos partidos, aunque existan diferencias importantes en la manera de abordar la guerra y financiar la defensa ucraniana. Para un presidente que puede perder el control del Congreso en las elecciones del 3 de noviembre, acercarse a Rusia es poner en juego la gobernabilidad de su administración en el segundo tramo de su mandato. Eso hace aún más llamativa la tozudez con que Trump defiende su acercamiento con Putin.

La desconfianza pública alcanza al propio presidente. En esa misma encuesta, el 66% de los estadounidenses afirmó no confiar en que Trump pudiera tomar buenas decisiones sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, frente a un 32% que sí confiaba en su criterio. En agosto de 2025, la confianza había alcanzado el 40%.

Esa caída no es un detalle estadístico: supone que, en menos de un año, Trump perdió una parte considerable de la confianza ciudadana en uno de los asuntos internacionales más importantes de su mandato. Y el deterioro no se limita a los adversarios demócratas. La confianza entre los republicanos también retrocedió.

La diferencia entre el rechazo a Rusia y la discusión sobre la ayuda a Ucrania es fundamental para entender el problema político del presidente. Una parte importante de los votantes estadounidenses considera que Washington ha gastado demasiado dinero en el exterior y quiere que la Casa Blanca priorice los problemas domésticos. Esa posición ofrece a Trump una base legítima para revisar el volumen y las condiciones de la asistencia militar.

Pero esa demanda no equivale a respaldar las concesiones al Kremlin, ni mucho menos a considerar que Putin sea un socio confiable. En abril, el 29% de los estadounidenses encuestados por Pew juzgaba insuficiente la ayuda a Kyiv, el 26% la consideraba adecuada y el 20% excesiva. El electorado está dividido sobre cuánto debe aportar Estados Unidos, pero no existe un mandato popular equivalente para aliviar la presión sobre Rusia.

Esta distinción es especialmente incómoda para los republicanos. El rechazo al gasto exterior puede ser un argumento electoral eficaz; aparecer como el partido que facilita la recuperación económica de Rusia es otra cosa. Trump intenta presentar ambas posiciones como si fueran una misma política: terminar la guerra, reducir los costos y recuperar recursos para los estadounidenses.

Sin embargo, si para conseguirlo presiona a Ucrania, suspende sanciones contra Moscú y debilita los instrumentos de presión aprobados por el Congreso, termina convirtiendo una discusión presupuestaria en una pregunta sobre la lealtad estratégica de Washington.

¿Por qué exigir concesiones a la víctima de una invasión mientras se reduce el costo económico para quien la inició? ¿Acaso el facilitar el ingreso de dinero a Rusia no apunta en un sentido contrario al de acortar la guerra? ¿Cuál es la coherencia entre las tradiciones democráticas del país y reclamar la salida de Zelenski impedido de hacer elecciones por la invasión y no hacer lo mismo frente a una autocracia como la de Rusia? Las preguntas se acumulan en el deber de Trump al tiempo que el apoyo a su figura se desploma en un momento crucial.

Los indicadores electorales más recientes muestran que el problema aparece en el peor momento para la Casa Blanca. En su informe del 8 de octubre, el Pew Research Center situó la aprobación de Trump en apenas el 35,2%, el nivel más bajo de su segundo mandato hasta esa fecha. Entre los votantes registrados,