Putin y el regreso silencioso a la URSS

Putin y el regreso silencioso a la URSS

Ignacio Montes de Oca

hace 3 minutos

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Por Ignacio Montes de Oca

Luego de diezmar 21 almacenes de Wildberries, Ucrania comenzó a demoler también a la cadena Ozon. Y la consecuencia directa es que Vladímir Putin firme un decreto para amenazar a los empresarios rusos: si una empresa no consigue proteger sus instalaciones de los drones ucranianos o demora demasiado su reconstrucción, el Estado puede tomar temporalmente el control de sus activos.

El decreto, firmado el lunes 24 de agosto de 2026, entró en vigor al día siguiente. Alcanza infraestructura de energía, industria, comunicaciones, transporte y logística y permite intervenir bienes físicos, financieros e incluso derechos formales de propiedad. Reuters informó que la medida apunta a instalaciones consideradas críticas para la seguridad nacional y la estabilidad económica.

La medida fue presentada por el Kremlin como una forma de resguardar infraestructura crítica. Pero contiene una señal mucho más profunda: ahora la incapacidad de una empresa privada para protegerse de la guerra puede convertirse en un argumento para que el Estado se quede con su administración. En otras palabras, una compañía puede ser atacada por Ucrania y terminar pagando un costo extra al perder el control sobre sus propios activos.

La medida despertó resistencias en Rusia. Euronews recogió la reacción del abogado Sergei Uchítel, que advirtió que la palabra "temporal" no debe tomarse literalmente: en la práctica, la dirección externa le quita a la empresa el control de su estrategia y termina forzándola a vender en condiciones que difícilmente pueden calificarse de voluntarias. Un directivo de un holding agroindustrial ruso, hablando de forma anónima con Forbes Rusia, fue más lejos: calificó el decreto de instrumento para quitar grandes activos bajo el pretexto de una supuesta infracción de seguridad.

El gobierno insiste en que no se trata de una nacionalización y que el mecanismo será aplicado de manera selectiva. El primer viceprimer ministro Denis Manturov sostuvo que no buscan imponer una administración estatal masiva. Pero el problema está precisamente en la amplitud de la definición: el decreto alcanza no solo refinerías o instalaciones militares, sino también infraestructura logística, comunicaciones y otras instalaciones.

La pregunta, entonces, ya no es cuántas empresas puede confiscar el Kremlin, sino cuántas pueden considerarse realmente seguras de no terminar bajo control estatal.

El momento elegido tampoco es casual. Ucrania amplió su campaña de drones contra la infraestructura económica rusa mucho más allá de las zonas cercanas al frente: durante el primer semestre de 2026, impactaron refinerías rusas al menos 194 veces, 11 veces más que en el mismo período de 2025, según cálculos del Financial Times retomados por Euronews. Los almacenes de Wildberries fueron alcanzados 21 veces en 16 regiones desde mediados de julio, y en apenas tres días Ozon sufrió ataques contra 6 instalaciones logísticas distintas.

Ese es el verdadero significado de la medida. Putin no está restaurando la Unión Soviética ni pretende abolir de un día para otro la propiedad privada. Está construyendo algo diferente: un sistema en el que la propiedad privada sobrevive, pero pierde gradualmente su independencia frente al Estado; donde los empresarios pueden conservar sus fortunas mientras acepten las reglas del Kremlin; y donde la economía de mercado funciona cada vez más subordinada a las necesidades de una guerra que ya modificó la relación entre poder, dinero y propiedad.

El decreto es la señal de que ese proceso se está acelerando porque la guerra está obligando al Estado ruso a asumir funciones que antes pertenecían al sector privado. Y cuanto más golpea Ucrania, más argumentos obtiene el Kremlin para ampliar su intervención.

No existe un decreto que anuncie el regreso al comunismo ni una nacionalización general del sistema productivo. Sin embargo, la combinación de confiscaciones, intervención estatal, contratos obligatorios para la defensa, controles sobre el capital, restricciones laborales y rehabilitación de símbolos soviéticos alinea un patrón difícil de ignorar. Ese proceso comenzó antes de febrero de 2022, pero la invasión de Ucrania lo aceleró hasta convertir la propiedad privada en una cuestión cada vez más subordinada a la seguridad nacional.

Un informe del estudio jurídico NSP, difundido en 2025, contabilizó 102 empresas privadas confiscadas entre 2023 y junio de 2025, con activos valuados en 3,9 billones de rublos, unos 50.000 millones de dólares y cerca del 2% del PIB ruso. Recuentos posteriores, realizados con metodologías diferentes, elevaron considerablemente el valor de los activos transferidos al Estado desde el comienzo de la invasión.

Uno de los instrumentos centrales es el Decreto Presidencial N.º 302, que permite colocar activos de inversores de países considerados "inamistosos" bajo "administración temporal" de Rosimushchestvo, la agencia federal de bienes estatales. A ese mecanismo se suman demandas judiciales que cuestionan privatizaciones de los años noventa y causas por corrupción, extremismo o vínculos financieros con el exterior.

La lista de activos intervenidos atraviesa casi toda la economía. En energía, el Estado tomó el control de las filiales rusas de la alemana Uniper y la finlandesa Fortum. También modificó por decreto la estructura del proyecto de gas natural licuado Sakhalin-2, valuado en más de 12.000 millones de dólares integrado además por Shell, Mitsui y Mitsubishi.

En consumo masivo, el Kremlin intervino Danone Rusia y la cervecera Baltika, propiedad de Carlsberg. La justicia transfirió al Estado Makfa, uno de los mayores productores de pasta y harina, y las plantas rusas de vodka del grupo ucraniano Global Spirits, cuyo fundador fue acusado de financiar el terrorismo. En la industria pesada, las operaciones alcanzaron siderúrgicas, químicas y otras compañías relevantes para el complejo militar. En infraestructura, el aeropuerto de Domodédovo pasó al Estado por decisión judicial. Su caso ilustra un modelo que combina confiscación y posterior venta de activos.

La aceleración resulta evidente. El relevamiento de NSP ubicó el total en 3,9 billones de rublos hasta junio de 2025. En junio de 2026, The Moscow Times estimó que las empresas transferidas al Estado desde la invasión alcanzaban 6,5 billones de rublos, unos 89.700 millones de dólares. Parte de esos activos incluye fábricas de municiones, proveedores de acero y químicos y empresas logísticas vinculadas al esfuerzo bélico.

Pero el dato más importante no es solamente cuánto dinero cambió de manos. Es quién puede volver a recibirlo. Muchas empresas confiscadas no permanecen necesariamente bajo propiedad estatal de manera permanente. Pueden ser administradas por el Estado y luego vendidas o transferidas a empresarios considerados confiables. Danone es un ejemplo: quedó temporalmente bajo la gestión de un sobrino del checheno Ramzan Kadyrov y luego fue vendida con fuertes pérdidas para la compañía francesa. El Ministerio de Finanzas, dirigido por Antón Siluánov, impulsó además la venta de compañías estatizadas.

Aquí aparece una de las diferencias fundamentales con la Unión Soviética. El objetivo no parece ser eliminar al empresario privado, sino eliminar su autonomía. El Kremlin puede quitar una empresa a un propietario y entregársela a otro que comprenda que su patrimonio depende, en última instancia, de su relación con el poder.

El garrote llegó acompañado de una zanahoria. El mismo lunes, el Ministerio de Finanzas propuso extender los plazos para el pago de impuestos y seguros de Wildberries y de los vendedores en la plataforma, golpeados por los bombardeos contra sus depósitos. Castigar a quien no invierte en su propia defensa y aliviar a quien ya fue víctima de la guerra es, e