EE. UU. envía combustible a Cuba y eso podría salvar a la dictadura

EE. UU. envía combustible a Cuba y eso podría salvar a la dictadura

Ignacio Montes de Oca

hace 1 hora

13 min de lectura

Por Ignacio Montes de Oca

Hay decisiones que necesitan una explicación porque, vistas desde afuera, parecen decir exactamente lo contrario de lo que pretende su autor. La autorización de Donald Trump para que empresas privadas cubanas importen combustible es una de ellas.

Washington lleva meses intentando asfixiar energéticamente a la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Desde comienzos de año, el corte de los suministros venezolanos y el bloqueo de buena parte de las importaciones de petróleo agravaron una crisis que ya era profunda. La red eléctrica cubana llegó a colapsar varias veces y la falta de combustible golpeó al transporte, la generación eléctrica y la actividad económica.

La lógica de la presión era bastante clara. Si el Estado no consigue combustible, no puede sostener las centrales eléctricas, el transporte ni buena parte de la actividad económica. Si la electricidad desaparece durante horas o días, el costo político recae sobre el gobierno. Y si la crisis se profundiza lo suficiente, Washington puede esperar que la presión económica termine transformándose en presión política.

Luego, la dictadura caería por gravedad por las protestas. O negociaría una capitulación. El problema es que la propia política estadounidense comenzó a abrir una válvula que reduce parte de esa presión.

En febrero, el gobierno cubano autorizó a empresas privadas y mipymes a importar combustible para sus propias actividades. El 25 de ese mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo algo todavía más significativo: mediante la FAQ 1238, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, estableció una política de licencias para revender petróleo venezolano al sector privado cubano. La condición era que las operaciones fueran realizadas por el sector privado y que no involucraran al gobierno, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, ni las entidades incluidas en la lista restringida de Estados Unidos.

El Departamento de Comercio, además, mantiene una excepción conocida como Support for the Cuban People, que permite exportaciones de gasolina, diésel y otros productos petroleros estadounidenses destinados a empresas privadas cubanas y consumidores individuales.

Hasta ahí, la arquitectura parece razonable. Washington no quiere financiar al Estado cubano, pero tampoco quiere que la población se quede sin combustible. En vez de venderle petróleo a CUPET y permitir que el gobierno decida cómo distribuirlo, deja que empresarios privados compren directamente en el exterior.

El problema aparece cuando se mira quiénes son esos empresarios y, sobre todo, cómo funciona realmente la cadena una vez que el combustible llega a Cuba.

La investigación publicada por CubaNet mostró que algunas de las empresas que solicitaron autorización para importar combustible tienen vínculos con organismos estatales, GAESA, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y hasta la familia Castro. El caso más llamativo es el Proyecto de Desarrollo Local Gaia, propiedad de Lisa Titolo Castro, hija de Mariela Castro Espín y nieta de Raúl Castro. Según la investigación, Gaia firmó contratos para importar combustible con la Agencia Importadora Caribe y con CUPET. También aparecen Servitec Mariel, Cubapack Internacional, Comelec Soluciones Integrales y otras compañías relacionadas con estructuras estatales o militares.

Esto no significa que todas las empresas autorizadas sean fachadas del régimen, ni que todos los empresarios privados cubanos tengan vínculos con el poder. Sería una conclusión que la evidencia disponible no permite sostener. El problema es otro: en Cuba, una empresa puede ser privada en su propiedad y seguir dependiendo de un sistema estatal para importar, almacenar, recibir, transportar o distribuir combustible.

El caso de Diobel García lo muestra con claridad. García, un cubano radicado en Miami, administra Flash Kingz, una sociedad con licencia de OFAC para comerciar con Cuba. Su compañía envió combustible desde Port Everglades hacia una mipyme cubana dedicada a la venta de alimentos. Pero el combustible no fue recibido directamente por esa empresa. La carga fue dirigida a MetalCuba, una empresa estatal que actuó como intermediaria. La mipyme paga a la entidad cubana por ese servicio y los propietarios del negocio realizan desde Estados Unidos las transferencias necesarias para pagar al proveedor.

La frase de García resume el problema mejor que cualquier análisis: las importadoras son estatales, pero el cliente es privado.

Es decir, el combustible puede ser comprado por una empresa privada, pagado con capital privado y destinado a una actividad privada, pero para entrar a Cuba sigue necesitando pasar por una estructura controlada por el Estado. Washington puede excluir formalmente al gobierno cubano de la propiedad del combustible, pero no puede sacarlo de la infraestructura que permite que el combustible exista como negocio dentro de la isla.

El fenómeno llegó incluso a plantear operaciones de una escala muy superior. Vanguard Energy, una comercializadora de Coral Gables, acordó en mayo utilizar instalaciones de almacenamiento vinculadas a CUPET para recibir combustible transportado en buques tanque y venderlo al sector privado cubano. La empresa sostuvo que conservaría la propiedad del combustible y que establecería mecanismos para impedir que terminara en manos del Estado o de empresas militares.

La operación terminó bloqueada después de que las autoridades estadounidenses cuestionaran el vínculo con CUPET, entidad sancionada, y Miami-Dade revocara la licencia comercial de Vanguard. El episodio es revelador porque muestra que incluso una operación diseñada para mantener la propiedad del combustible en manos privadas necesitaba utilizar infraestructura estatal cubana. La frontera entre lo privado y lo estatal, por lo tanto, no es tan limpia como aparece en las regulaciones de Washington.

Y hay otro detalle que cambia todavía más el análisis: el combustible que llega a Cuba no llega barato. El esquema obliga a reemplazar el viejo petróleo subsidiado venezolano por una cadena comercial en la que aparecen el costo del producto, el transporte, los seguros, los intermediarios, los márgenes de comercialización y las tasas que deben pagarse dentro de Cuba. El resultado es que el combustible importado por las mipymes, llega a un mercado donde la escasez permite precios extraordinariamente altos.

El precio oficial de la gasolina especial está en torno a US$2 por litro y el del diésel especial en US$2,20. Pero durante los momentos de mayor escasez el mercado informal llegó a ofrecer gasolina a unos US$38 por galón, aproximadamente US$10 por litro. Reuters documentó ventas de combustible desde viviendas y ofertas de diésel difundidas incluso por redes sociales.

La diferencia de precio no es un detalle menor. Significa que importar combustible no consiste simplemente en conseguir energía para que Cuba vuelva a funcionar. Consiste en entrar en uno de los mercados más rentables de la isla.

La aparición de ese mercado genera una renta extraordinaria para quien consigue acceder al producto antes que los demás. Y en un país donde el salario mensual promedio puede rondar los US$10, la distancia entre quien tiene acceso al combustible y quien no puede pagarlo deja de ser una diferencia comercial para convertirse en una diferencia de poder económico.

Una empresa independiente que no tenga capital suficiente, contactos, permisos, infraestructura, ni acceso a divisas difícilmente puede competir en igualdad de condiciones con otra respaldada por capital y conexiones. En teoría, el nuevo esquema debería favorecer al empresario independiente. En la práctica, quien tiene capital, acceso a dólares, permisos y capacidad para sortear la burocracia parte con una v