El Ejército de Tierra licita un contrato de casi 50 millones de euros para adquirir 48.000 nuevos cascos de combate durante cuatro años

El Ejército de Tierra ha licitado un acuerdo marco para la adquisición de cascos de combate por un importe de 49,65 millones de euros, IVA incluido, para los cuatro años iniciales de vigencia. El contrato, promovido por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico (MALE), contempla la compra estimada de 12.000 unidades anuales y establece un valor estimado de 61,56 millones de euros sin impuestos, al incorporar dos posibles anualidades adicionales de prórroga.

Dicho contrato ya se licitó el pasado mes de septiembre pero ahora en octubre ha sido necesario rectificar el pliego de prescripciones técnicas y retrasar las fechas relacionadas con los plazos de obtención de pliegos, presentación de oferta; recepción de solicitudes de participación o ejecución.

El expediente prevé un acuerdo marco con una duración inicial de cuatro años desde su formalización, ampliable mediante una o varias prórrogas sucesivas hasta alcanzar un máximo de seis años.

El volumen potencial se sitúa así en 72.000 cascos, siempre que se mantengan las necesidades de suministro y se ejecuten las dos anualidades adicionales. La cantidad definitiva dependerá de los pedidos que formalice la Administración y de las disponibilidades presupuestarias durante la vigencia del acuerdo.

El documento administrativo fija un precio unitario máximo de 855 euros por casco sin IVA, equivalente a 1.034,55 euros con el impuesto incluido. La contratación se tramita mediante un procedimiento negociado con publicación de anuncio y está sujeta a regulación armonizada. El órgano responsable es la Jefatura de Asuntos Económicos del MALE, que centraliza la contratación logística del Ejército de Tierra.

Un acuerdo marco para hasta 72.000 cascos

La documentación establece una cantidad estimada de 12.000 cascos por anualidad. Para el periodo inicial de cuatro años, entre 2027 y 2030, el valor estimado asciende a 49,65 millones de euros, distribuidos en cuatro anualidades. Las dos posibles anualidades de prórroga añaden otros 24,8 millones, hasta completar los 74,48 millones de euros de valor estimado.

La cifra de 49,65 millones de euros corresponde al importe de los cuatro años iniciales con el IVA del 21% incluido. Si se ejecutan las dos prórrogas y se aplica el mismo tipo impositivo al valor máximo estimado, el volumen económico potencial del acuerdo alcanzaría los 74,48 millones de euros con impuestos.

El pliego no establece un presupuesto base de licitación global para el acuerdo marco. En su lugar, indica que los importes y la financiación se concretarán en los contratos basados que se formalicen durante su vigencia. La adquisición queda, por tanto, condicionada a las necesidades reales del Ejército y a los créditos presupuestarios disponibles en cada ejercicio.

La contratación no se divide en lotes. El documento justifica esta decisión porque el casco constituye una unidad funcional que no puede aprovecharse por separado y porque adquirir sus componentes a distintos proveedores podría generar incompatibilidades, problemas de mantenimiento o dificultades de abastecimiento.

La Administración también señala que la utilización de materiales de diferentes calidades o colores podría provocar diferencias en la uniformidad, mientras que una adjudicación fragmentada incrementaría los costes logísticos y de ensayo.

El precio representa el 60% de la adjudicación

El procedimiento concede un peso del 60% al precio y del 40% al valor técnico. Las empresas deberán presentar un precio unitario para el casco completo, en su configuración final de uso, que no podrá superar los 1.034,55 euros, IVA incluido. Las ofertas que excedan ese límite serán excluidas.

La fórmula económica toma como referencia el precio máximo de licitación y un valor de referencia de 684 euros, equivalente al 80% del límite establecido. La puntuación dependerá de la oferta presentada y de la mejor propuesta admitida, con el objetivo de diferenciar las ofertas económicas sin prescindir de la evaluación de las prestaciones del producto.

El componente técnico se valorará mediante ensayos realizados sobre las muestras entregadas por los licitadores. El pliego administrativo contempla pruebas del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia (PCAMI) o del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), además de certificados de laboratorios acreditados cuando el procedimiento lo permita. No bastará, por tanto, con que los fabricantes declaren las prestaciones de sus productos: los resultados deberán acreditarse por los medios previstos en la licitación.

La documentación asigna especial relevancia a las características de protección balística. Entre los subcriterios técnicos figuran la resistencia antifragmentos, la deformación provocada por un impacto, la resistencia balística sobre los tornillos de fijación y la energía transmitida tras el impacto de munición de 9 milímetros. También se valoran aspectos no balísticos, como el peso, las tallas disponibles, la rigidez estructural, la resistencia a la penetración y la retención de líquidos inflamables.

El peso tiene una ponderación de diez puntos sobre los cien del apartado técnico. El documento fija en 1.350 gramos el valor de referencia para el casco completo en talla L, con la calota, los raíles exteriores, la placa frontal y los componentes interiores. Una masa igual o superior a ese límite supone la exclusión de la oferta conforme al criterio recogido en el pliego administrativo.

Las tallas representan otros cinco puntos. El casco deberá cubrir, como mínimo, contornos de cabeza de entre 525 y 625 milímetros, y se valorará que ese rango se consiga mediante tres tamaños de calota. La rigidez estructural, por su parte, se evaluará mediante mediciones realizadas antes y después de un proceso de envejecimiento por choque térmico.

Los criterios balísticos reúnen la mayor parte de la puntuación técnica. La resistencia a la deformación balística cuenta con 25 puntos; la resistencia antifragmentos, con 20; y la resistencia balística sobre los tornillos, con 15. El resto se reparte entre el peso, las tallas, la rigidez estructural, la resistencia a la penetración, el uso por tripulaciones de vehículos acorazados y mecanizados, la retención de líquidos inflamables y la energía transmitida tras el impacto de un proyectil de 9 milímetros.

Los resultados de las pruebas serán determinantes para la clasificación técnica. Los requisitos mínimos o máximos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas tendrán carácter obligatorio y su incumplimiento implicará la exclusión, mientras que las características consideradas deseables servirán para diferenciar las propuestas admitidas.

Homologación obligatoria para los modelos ofertados

Uno de los principales condicionantes del procedimiento es la homologación del casco. El pliego administrativo señala que se trata de material de utilización específicamente militar y exige que los modelos ofertados dispongan de una homologación vigente emitida por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa en la fecha límite de presentación de las ofertas.

La condición excluye los modelos que no estén homologados, que se encuentren en proceso de homologación o que tengan ensayos pendientes o una homologación solicitada. Tampoco se aceptan certificaciones equivalentes ni homologaciones extranjeras que no hayan sido convalidadas por la DGAM.

Este requisito reduce el conjunto de productos que podrían concurrir al acuerdo marco. No basta con que un fabricante disponga de un casco militar comercializado en España o en otros países: el modelo concreto deberá cumplir la condición de homologación establecida en el expediente.

El pliego también prevé la entreg