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Ucrania lleva la guerra a la intimidad de Rusia: así funciona su maquinaria de represalias
hace 5 horas
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Por Ignacio Montes de Oca
El 19 de agosto de 2026, un dron ucraniano alcanzó el vehículo del coronel ruso Dmitri Shabáev cerca de Huliaipole, en la región de Zaporizhia, a unos 80 kilómetros del frente. Shabáev, comandante de la 64.ª Brigada rusa, resultó gravemente herido junto con su chofer. Esa unidad fue vinculada con atrocidades cometidas en Bucha en marzo de 2022. El 423.º Regimiento de Sistemas No Tripulados “Grifos Escitas” reivindicó el ataque y afirmó que había seguido los movimientos del coronel “durante mucho tiempo” antes de golpear, según consignaron Euromaidan Press y UNN.
El golpe fue público y reivindicado: hubo comunicado militar, nombre de unidad y una foto. Pero no todos los ataques contra Rusia llevan firma. A veces el objetivo aparece muerto en su vivienda, su auto o al pie de su edificio, sin certeza sobre quién disparó o activó el detonador. Este artículo reconstruye ese territorio silencioso, sin firma y anterior al ataque contra Shabáev.
Rusia puede lanzar cientos de misiles contra una ciudad ucraniana y proteger a sus generales detrás de la inmensidad de su territorio. Ucrania eligió otra respuesta: localizar a quienes considera responsables de la guerra y demostrarles que la distancia ya no garantiza seguridad.
En cuatro años, la lista se amplió: de funcionarios de ocupación y colaboradores a generales, especialistas en armas químicas y directivos de empresas que fabrican drones para Rusia. La autoría varía: algunos ataques fueron reivindicados por el SBU o el HUR; otros solo fueron atribuidos a Ucrania por Moscú; un tercer grupo permanece sin confirmación ni pruebas concluyentes.
Aun con esas diferencias, caso por caso aparece un patrón. Cada operación contiene un detalle singular —un regalo, una identidad falsa, una aplicación deportiva o una rutina copiada durante semanas— que revela cuánto trabajo de inteligencia precede a la explosión.
La maquinaria combina inteligencia y oportunidad. El SBU, servicio de seguridad ucraniano, y el HUR, inteligencia militar, aparecen vinculados con varias operaciones. A su alrededor existen redes difíciles de medir: informantes, colaboradores y reclutas dentro de Rusia, a menudo sin experiencia previa en inteligencia.
La información puede ser tan simple como un horario, un automóvil o una rutina. Los casos analizados indican que algunas operaciones exigen semanas —a veces meses— de vigilancia para establecer dónde vive el objetivo, cuándo sale y qué protección tiene. El arma es apenas el último paso. El trabajo decisivo comienza antes, cuando alguien averigua dónde estará la persona buscada.
Esa lógica se aplicó primero en los territorios ocupados. Durante 2022 se registraron ataques contra funcionarios instalados por Moscú, policías y colaboradores. En Jerson fueron asesinados Pavel Slobodchikov en marzo, el bloguero prorruso Valery Kuleshov en abril y el funcionario Dmitry Savluchenko en junio. El objetivo no era solo eliminar personas, sino dificultar que Rusia construyera una administración estable en las zonas bajo su control.
Dentro de esa primera ola, el caso de Oleksiy Kovalev fue especialmente significativo. Había sido diputado del Parlamento ucraniano, pero tras la ocupación de parte de Jerson aceptó colaborar con las autoridades rusas. El 28 de agosto de 2022 fue hallado muerto en su vivienda. Lo llamativo no fue el método, sino el mensaje: para Kyiv no bastaba con expulsar al ocupante; también debía quedar claro que el colaboracionismo tendría un costo personal, incluso para quien alguna vez había ocupado una banca en el Parlamento.
Poco después, la campaña cruzó la frontera. El 20 de agosto de 2022, Daria Dugina murió al explotar una bomba en su automóvil cerca de Moscú. El FSB sostuvo que la sospechosa alquiló un departamento en el mismo edificio para vigilarla durante casi un mes y que se desplazó con su hija de doce años. Esa reconstrucción oficial fue cuestionada por medios occidentales y no pudo verificarse de forma independiente. Si fuera correcta, describiría una vigilancia encubierta bajo la apariencia de una rutina familiar.
En abril de 2023, el bloguero militar Vladlen Tatarsky murió por una explosión en un café de San Petersburgo. El artefacto llegó como obsequio: una mujer le entregó un busto con su imagen. La testigo Alisa Smotrova declaró que la mujer dijo haber hecho “una estatuilla de él”, según La Nación. Un video muestra a Tatarsky observando el busto y colocándolo sobre la mesa antes de la detonación. El método explotó una vulnerabilidad elemental: el homenaje permitió acercar el arma al objetivo.
El Comité Antiterrorista ruso calificó el hecho de “atentado terrorista” y responsabilizó a los servicios especiales ucranianos, según reportó France 24. Fue una de las pocas veces, dentro de esta serie, en que Moscú utilizó ese término desde el primer día.
Tres meses después, en julio de 2023, Stanislav Rzhitsky —excomandante del submarino Krasnodar y señalado por medios ucranianos como responsable de lanzar los misiles que mataron al menos a 23 personas en Vinnytsia— fue asesinado a tiros mientras corría por un parque de Krasnodar. El detalle revelador no fue un agente infiltrado ni un explosivo sofisticado, sino una aplicación de running. Rzhitsky publicaba allí su recorrido habitual, con horarios y trazados, y pudo haber expuesto la información necesaria para planear el ataque.
Kyrylo Budanov, jefe de la inteligencia militar ucraniana, negó responsabilidad y dijo que “las raíces de lo ocurrido... hay que buscarlas dentro de la propia Rusia”. El opositor exiliado Ilya Ponomarev insinuó una venganza planificada, de acuerdo con Perfil. Ninguna versión fue confirmada de manera independiente. TASS presentó el episodio como una investigación de homicidio, sin atribuirle inicialmente una motivación política.
La sucesión de casos dejó una conclusión hasta entonces improbable: Moscú ya no era una retaguardia completamente segura. A fines de 2024, además, apareció con claridad un cambio en la escala. Los objetivos comenzaron a incluir personas cuya desaparición podía afectar de manera directa la capacidad militar rusa.
El 17 de diciembre de 2024, el teniente general Igor Kirillov, jefe de las tropas rusas de defensa radiológica, química y biológica y acusado por Kyiv de dirigir el uso de armas químicas prohibidas, murió con su asistente frente a su edificio en Moscú. Un artefacto oculto en un monopatín eléctrico fue detonado a distancia. El SBU reconoció la operación y una fuente del servicio lo definió ante Reuters como “un objetivo legítimo”. Según la versión de las autoridades rusas, el ejecutor fue reclutado a distancia, alquiló un automóvil para vigilar al general y recibió la promesa de 100.000 dólares y residencia en Europa. La logística previa —reclutamiento, vigilancia y conocimiento de la rutina— fue tan importante como el explosivo.
La reacción rusa fue rápida y amenazante. El expresidente Dmitri Medvédev, hoy alto funcionario de seguridad, advirtió a través de la agencia estatal RIA Nóvosti que la dirigencia política y militar de Ucrania enfrentaría una revancha “inevitable”.
Cinco meses después, el 25 de abril de 2025, el teniente general Yaroslav Moskalik, subjefe de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor ruso, murió por una bomba colocada en un automóvil estacionado cerca de su recorrido habitual. Moskalik no era una figura propagandística, sino uno de los oficiales responsables de la planificación estratégica. El ataque transmitió así un mensaje distinto: ya no se buscaba castigar un discurso, sino interrumpir la cadena de mando.
El 22 de diciembre de 2025, el teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor, murió por la explosión
Bajada
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Ucrania lleva la guerra a la intimidad de Rusia: así funciona su maquinaria de represalias
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Por Ignacio Montes de Oca
El 19 de agosto