Cuba: la cuenta regresiva corre para Washington y La Habana Ignacio Montes de Oca hace 5 minutos 15 min de lectura Por Ignacio Montes de Oca El nuevo anuncio del presidente Donald

Cuba: la cuenta regresiva corre para Washington y La Habana

Ignacio Montes de Oca

hace 5 minutos

15 min de lectura

Por Ignacio Montes de Oca

El nuevo anuncio del presidente Donald Trump sobre una posible acción militar contra la dictadura en Cuba en su discurso en la ONU no es una declaración vacía, pero tampoco es el preludio inmediato de una invasión a gran escala. Es la invasión de Schrödinger, porque a esta altura ya es la sexta vez que lo anuncia desde que asumió en enero de 2025.

Lo que por ahora está en marcha es una estrategia de máxima presión que combina lo económico, lo diplomático, lo militar y lo negociador, y cuya probabilidad de convertirse en una intervención real depende de una ecuación de costos y beneficios que, por ahora, inclina la balanza hacia la presión antes que hacia los disparos. Los plazos concretos que maneja cada una de estas vías -política, militar, económica y negociadora- son la clave para entender si el anuncio de Trump se quedará en retórica o si puede materializarse en una intervención real.

En el plano político y legal, el reloj más importante es el que marca la Constitución de Estados Unidos. La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 exige que el presidente notifique al Congreso en un plazo de 48 horas cuando despliega tropas en hostilidades y que las retire en un máximo de 60 días, a menos que el Congreso autorice la acción o declare la guerra. Esto significa que, si Trump ordenara un ataque sin autorización legislativa previa, tendría apenas dos meses para completar la operación antes de que las tropas debieran ser retiradas.

Pero en enero de 2026, Trump ya ignoró este procedimiento al ordenar la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, notificando al Congreso solo cuando la operación ya estaba en marcha, según reportó en su momento The Washington Post. La efectividad de esta ley para restringir a los presidentes fue históricamente limitada, como lo demuestran las guerras prolongadas en Irak y Afganistán, que contaron con autorización del Congreso, o la invasión de Panamá en 1989, que se realizó sin declaración de guerra, pero con apoyo bipartidista previo. Pero en el terreno concreto, una oposición del Congreso podría obstaculizar permisos de despliegue o dejar sin presupuesto a una acción militar, algo que no sucedió en administraciones anteriores, en donde cada esfuerzo militar tuvo respaldo de demócratas y republicanos.

En el terreno militar, los plazos que maneja el Pentágono son igualmente importantes. Según una exclusiva de CBS News recogida por Euronews, la Reserva del Ejército estadounidense está evaluando la disponibilidad de unidades de policía militar, personal sanitario y otras fuerzas de apoyo para el Comando Sur en un plazo de entre 90 y 120 días. El documento interno, fechado a finales de septiembre de 2026, solicita información sobre seis tipos de unidades -que incluyen un batallón de apoyo logístico, un batallón de ingenieros y una brigada médica- que podrían quedar bajo la autoridad del Comando Sur, responsable de las operaciones en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Sin embargo, funcionarios citados por la agencia Anadolu bajo condición de anonimato, declararon que este mensaje interno “no constituye una orden de despliegue” y que el presidente Trump “no ha tomado una decisión final”. Esto significa que, incluso en el escenario más agresivo, cualquier operación terrestre o de ocupación requeriría un mínimo de 3 a 4 meses de preparación logística antes de estar lista para ejecutarse. Ese plazo es crucial porque coincide con otro calendario: las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026.

Ciertamente, el calendario electoral es quizás el factor temporal más determinante. Las encuestas apuntan a que el Partido Republicano está en camino de perder la Cámara de Representantes. El Cook Political Report, un boletín electoral no partidista citado por Axios y SANA, proyecta que los demócratas ganarían entre 5 y 15 escaños, alcanzando una mayoría de 220 a 230 bancas. Los demócratas ya son favoritos en 208 contiendas frente a las 205 de los republicanos, y hay 17 escaños republicanos en la categoría de “empate técnico” frente a solo cinco demócratas. El informe señala que “el presidente está ahora profundamente bajo el agua y está arrastrando a los miembros y candidatos republicanos de la Cámara”.

Hay otro dato concreto: Donald Trump se encuentra en su nivel más bajo en lo que va de su segundo mandato. De acuerdo con la medición de RealClearPolling registra un promedio de 38.8% de aprobación frente a un 59.9% de desaprobación. Este es el punto más bajo de su actual mandato, cayendo desde el 43.1% que sostenía en febrero. La probabilidad de una derrota republicana no es una especulación, es un escenario probable.

Una derrota republicana en la Cámara Baja tendría consecuencias directas sobre cualquier plan de acción militar contra Cuba. Aunque Trump podría argumentar que la Resolución de Poderes de Guerra es inconstitucional -ningún presidente ha reconocido su constitucionalidad y el Tribunal Supremo nunca se ha pronunciado al respecto-, el costo político de desafiar abiertamente a un Congreso opositor sería altísimo. Una administración debilitada por una derrota electoral tendría mucho menos capital político para embarcarse en una aventura militar impopular. En ese escenario, la “opción militar” quedaría prácticamente descartada, y la estrategia de máxima presión económica y diplomática se convertiría en la única vía viable.

En el ámbito económico, los plazos de las sanciones ya están en marcha y fueron reforzados. El 1 de mayo de 2026, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que expandió las sanciones contra Cuba y apuntó directamente al corazón financiero, minero y energético de la isla. La orden estableció una ventana de liquidación que cerró el 5 de junio de 2026, fecha límite para que las empresas extranjeras rompieran sus relaciones económicas con el gobierno cubano o GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

A partir de ese momento, cualquier entidad que continuara haciendo negocios con Cuba quedó expuesta a sanciones secundarias. El 3 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro añadió al Banco Exterior de Cuba, a la petrolera estatal CUPET y a empresas de níquel a la lista de sancionados, con efecto inmediato. Según informó el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de su cuenta en X, las medidas alcanzaron a CUPET “en defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos”.

El impacto se siente en la calle y en las cuentas del Estado. Según datos del gobierno cubano recogidos por Reuters, el déficit de combustible ha provocado apagones que afectan a más del 60 % del territorio y han dejado equipos médicos sin funcionar.

El golpe en el bolsillo, sin embargo, no empezó ayer. Según un informe de la organización independiente Cuba Siglo 21, el canal formal centralizado por el conglomerado militar GAESA pasó de recaudar 1.972 millones de dólares en 2023 a apenas 81,6 millones en 2024. En 2019, el mejor año, las remesas habían llegado a unos 3.717 millones. Al congelarse u obstaculizarse operadores como Western Union y Orbit S.A., más del 95 % de la ayuda familiar se desplazó hacia una red de unos 150 “bancos informales”, como documentó Yoani Sánchez en 14ymedio. Esos operadores entregan el dinero en casa y dejan al banco central sin los dólares en efectivo. Las sanciones de 2025 y 2026 no inventaron ese colapso: lo profundizaron.

Para Washington, el objetivo es claro: forzar un cambio de régimen en La Habana sin necesidad de disparar un solo tiro, mediante el colapso económico y la presión sobre la población. El costo de una ocupación militar, en cambio, sería astronómico y no reportaría ningún beneficio económico directo que justifique semejante gasto. Luego veremos el detalle de ese costo.

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