Etiopía: el polvorín que puede incendiar el Cuerno de África

Etiopía: el polvorín que puede incendiar el Cuerno de África

Ignacio Montes de Oca

hace 12 horas

15 min de lectura

Por Ignacio Montes de Oca

En Etiopía se está gestando una crisis que amenaza con superar en magnitud a las que hoy consumen a Sudán y a la República Democrática del Congo, dos de las mayores emergencias humanitarias del planeta. Los siete grupos que integran la nueva coalición rebelde no negocian una tregua: buscarán derrocar por las armas al gobierno de Abiy Ahmed. Pocos ojos están puestos, por ahora, en un país cuya última guerra civil, la de Tigray, dejó en apenas dos años más muertos que los que acumula la guerra de Sudán en tres, y a un ritmo que, de mantenerse, podría igualar en poco tiempo al del conflicto congoleño, activo desde hace tres décadas. Etiopía corre hoy el riesgo de repetir o superar esa tragedia.

Etiopía no es un país más. Con más de 126 millones de habitantes, es el segundo Estado más poblado de África, una cifra comparable a la de México o Rusia. En la última década su economía creció a un promedio del 7,6% anual, uno de los más altos del planeta, hasta alcanzar un PBI nominal cercano a los US$ 121.000 millones de acuerdo con el FMI. Es, además, la sede de la Unión Africana, el ancla diplomática del Cuerno de África y, hasta hace pocos años, una de las economías de mayor crecimiento del continente. Por eso, cuando su estabilidad se resquebraja, no se rompe solo un país: se pone en riesgo a toda una región que conecta el mar Rojo, el Nilo y el este africano.

Para entender la magnitud de la crisis actual hay que remontarse a la guerra civil de Tigray, librada entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022. Aquel conflicto dejó alrededor de 600.000 muertos, según el mediador de la Unión Africana. En noviembre de 2022 se firmó en Pretoria un acuerdo de paz mediado por la Unión Africana que prometía desarmar a los combatientes y devolver la estabilidad. Sin embargo, el pacto dejó heridas abiertas y no resolvió las fallas estructurales de un sistema político construido sobre una federación étnica que agrupa a más de 80 grupos, muchos con aspiraciones de autogobierno o independencia.

Esa fragilidad terminó de resquebrajarse en septiembre de 2026. El Gobierno relativizo en julio de ese año la aplicación del acuerdo de Pretoria, poco después de que el Frente Popular de Liberación de Tigray recuperara el control de la administración regional a comienzos de mayo. El 20 de septiembre, siete grupos armados y de oposición anunciaron en la televisión pública de Tigray la formación de la Alianza de las Fuerzas de los Pueblos Etíopes para la Supervivencia, también conocida como Coalición por la Supervivencia. Entre ellos están el Movimiento Nacional Amhara Fano, el Ejército de Liberación Oromo, el Frente Popular de Liberación de Tigray, el Frente de Liberación Nacional de Ogadén, el Frente Revolucionario de Unidad Nacional Afar y los movimientos de liberación de los pueblos Benishangul y Gumuz.

Zemene Kassie, presidente del Movimiento Nacional Amhara Fano y voz de la nueva alianza, calificó al Ejecutivo del primer ministro Abiy Ahmed de "régimen dictatorial personalista y genocida" que había traído al país "guerra, genocidio y destrucción". Fijó como objetivo derrocarlo para instaurar, mediante una "Carta de Transición", un gobierno amplio que convoque a un "diálogo constitucional popular genuino, fiable, inclusivo y participativo". El portavoz del Frente Popular de Liberación de Tigray, Michael Asgedom, precisó a EFE que "el objetivo primordial de esta alianza es desmantelar la dictadura, salvaguardar la supervivencia del pueblo y establecer un sistema de transición inclusivo".

El Gobierno no emitió un comunicado oficial sobre la coalición más allá de ordenar la suspensión indefinida de la señal de Tigray TV. Pero la portavoz de Abiy Ahmed, Billene Seyoum, acusó directamente a Eritrea de estar detrás del nuevo frente: "los miembros de la alianza llevan tiempo colaborando con el respaldo financiero" de Asmara, escribió en un mensaje a la prensa, y agregó que "el reciente anuncio no hace sino confirmar lo que el Gobierno etíope ha venido denunciando una y otra vez". Eritrea no respondió a la acusación, aunque en el pasado ha negado señalamientos similares.

Apenas tres días después, el 23 de septiembre, las fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigray tomaron el control del aeropuerto de Mekelle, capital regional de Tigray, y de otros aeródromos de la zona, al tiempo que se libraban combates con tropas federales en puntos de Afar y Amhara, según documentó Al Jazeera. Ethiopian Airlines debió suspender sus vuelos a Mekelle, Axum y Shire. Getachew Reda, asesor del primer ministro y antiguo dirigente del propio Frente Popular de Liberación de Tigray, calificó lo ocurrido como una "ofensiva a gran escala" lanzada "contra posiciones gubernamentales en Afar y Amhara".

El Frente respondió acusando al Ejecutivo de haber "lanzado una invasión" de Tigray y advirtió que sus fuerzas "combatirán en una nueva ronda de la invasión genocida por parte de Abiy". Fueron los primeros choques de envergadura desde el fin de la guerra en 2022. Naciones Unidas expresó su "profunda preocupación"; la Unión Africana pidió una "desescalada inmediata" y recordó que drones etíopes habían atacado posiciones tigriñas en al menos una decena de ocasiones desde inicios de agosto, mientras EE. UU. condenó la ofensiva rebelde y amenazó con nuevas sanciones. Ninguno de los bandos aceptó hasta ahora un alto el fuego, y tanto la Unión Africana como la ONU evalúan si envían una misión de mediación a la región.

El riesgo es que estos combates no queden circunscritos a Tigray. Etiopía ya enfrenta insurgencias simultáneas en sus dos regiones más pobladas. En Amhara, con más de 30 millones de habitantes, actúan desde 2023 las milicias nacionalistas Fano, responsables, según registros de la propia insurgencia, de más de 100.000 desplazados solo en ese frente. En Oromía, la región más poblada del país, con más de 40 millones de personas y casi un tercio del territorio nacional, opera el Ejército de Liberación Oromo, catalogado como grupo terrorista por el Gobierno etíope desde 2021.

Que estos frentes, antes dispersos y hasta enemistados entre sí -Fano combatió junto al Ejército federal contra el Frente Popular de Liberación de Tigray durante la guerra de Tigray-, confluyan ahora en una sola coalición añade una dimensión nacional a una crisis que hasta hace pocos días parecía contenida en el norte. El Gobierno central se apoya en la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía, una fuerza de más de 150.000 efectivos regulares que suman entre 400.000 y 500.000 si se considera a los movilizados. Esa fuerza debe preservar la unidad estatal mediante una férrea centralización del poder.

Frente a él se prepara ahora una coalición opositora que reúne organizaciones vinculadas a varios de los principales espacios regionales del país. Estimaciones de Reuters. BBC y Al Jazeera indican que en conjunto los rebeldes pueden reunir entre 200.000 y 300.000 milicianos. La extensión territorial ilustra hasta qué punto el malestar dejó de ser un problema periférico para convertirse en una crisis de legitimidad del Estado etíope en su conjunto.

Pero la cuestión decisiva no es solamente cuántos frentes existen, sino si el Estado puede sostenerlos simultáneamente. El ejército central debe preservar la unidad territorial, combatir en Tigray y contener a las insurgencias de Amhara y Oromía, mientras mantiene bajo control las restantes regiones federales. Si la coalición consigue coordinar operaciones, rutas de abastecimiento y reclutamiento entre varios territorios, el problema para Addis Abeba dejaría de ser una sucesión de insurgencias aisladas y podría transformarse en una guerra de desgaste nacional. Ese escenario no implica automáticamente la caída del Gobierno, pero sí elevaría el costo militar,